Situación grave de abogados en Colombia

We have today sent this letter to the Colombian president, Ivan Duque. AbogadosColombiaCarta2020-05-28

Estimado Sr. Presidente,

Es un placer saludarle en nombre de Riksdagen, Parlamento Sueco, con el objeto de expresarle nuestra preocupación por la presunta realización de seguimientos ilegales al abogado Sebastián Escobar del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR y otras organizaciones representantes de víctimas.

Según las informaciones publicadas por la Revista Semana el pasado 1 de mayo y recogidas por otros medios nacionales e internacionales así como por organismos internacionales, miembros de la Fuerza Pública habrían utilizado herramientas informáticas destinadas a la persecución e investigación del delito, contra un total de 130 personas de diferentes sectores, sin mediar investigación alguna referida a procesos judiciales regulares. Lo anterior confirmaría que las labores de inteligencia habrían sido puestas al servicio no de la persecución de delitos sino de las personas que trabajan desde la legalidad por el respeto y la garantía de los derechos humanos. Lastimosamente se repetirían hechos análogos acontecidos a manos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad y otros aparatos, sin que hasta la fecha se hayan podido identificar sus máximos responsables ni erradicar definitivamente estas presuntas prácticas irregulares.

En este sentido preocupan actuaciones como la protagonizada por la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana quien habría conocido en el contexto de otro proceso los 130 casos referidos. Ello, a raíz de una inspección y allanamiento ordenada el 18 de diciembre de 2019 en las instalaciones del Batallón de Ciber Inteligencia (Bacib) y al Batallón de Contrainteligencia de seguridad (Bacsi). Solo casi cinco meses más tarde, hasta el 4 de mayo de 2020, la Magistrada Lombana procedió a hacer una compulsa de copias a la Procuraduría y a la Fiscalía lo que evidenciaría que conocía los hechos desde al menos, la fecha citada. Esto incrementa los temores de que exista un cierto grado de connivencia y corrupción por parte de los órganos de administración de justicia que contribuya por acción u omisión a frustrar las investigaciones penales. El pasado 18 de mayo, la Magistrada se declaró impedida con respecto al caso de espionaje militar.

Frente a estas informaciones queremos recordar que la independencia de los abogados y el libre ejercicio de la abogacía es uno de los principales barómetros de la democracia y de la efectividad del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados y en particular los Principios 16 y 17. [1]

El compromiso que suscribimos así con las personas y colectivos que frecuentemente operan a nivel de sociedad civil lo consideramos vital para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho. Tanto para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer los derechos que les corresponde en calidad de titulares de los mismos como requerir de las autoridades competentes que cumplan con las obligaciones derivadas de los compromisos suscritos a nivel nacional, regional e internacional.

El abogado Sebastián Escobar y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo-Ccajar al que pertenece son un ejemplo paradigmático cuya labor admiramos y respetamos. Esta organización se ha convertido en una referencia por el valioso papel desempeñado desde hace décadas para promover el cumplimiento de la legalidad y los derechos individuales y colectivos de los grupos de población más vulnerables.

Muy lamentablemente, las actividades de ciberinteligencia ilegal de las que reporta la revista Semana serían sólo una parte de la inteligencia ilegal realizada en contra de abogados y personas defensoras de derechos humanos:

  • El abogado Germán Romero de la organización DH Colombia, había denunciado en octubre de 2019 robos de información, seguimientos, llamadas y una amenaza directa por parte de una persona desconocida. Estos hechos sucedieron en el marco de múltiples investigaciones que el abogado adelanta contra altos mandos de las Fuerzas Militares, por su posible responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
  • En febrero de 2020, dos otras organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron de haber sido objetos de vigilancia ilegal mediante seguimientos de personas y drones que sobrevolaron sus instalaciones. Una de ellas fue la Comisión de Justicia y Paz, que representa a víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición. Su Director, Danilo Rueda, ha sido declarado objetivo dentro de un plan de asesinato. Asimismo, existirían informaciones fidedignas sobre operaciones de inteligencia ilegal en contra del anterior director de JyP, Padre Alberto Franco y sobre las lideresas comunitarias y empeñada en la implementación del Acuerdo de Paz, Jani Silva y Luz Marina Cuchumbe. El abogado Daniel Prado, asociado de la Comisión, ha denunciado la presencia de un dron con capacidad de grabación de video y sonido caído en el patio de su residencia; además se ha enfrentado a una campaña de amenazas e intimidaciones siendo el representante de las víctimas, en el proceso penal contra el grupo paramilitar conocido como ”Los 12 Apóstoles”.
  • La Corporación Jurídica Libertad denunció públicamente actividades de vigilancia ilegal y hostigamientos el pasado 18 de febrero, cuando tres hombres de civil llegaron a la sede de la organización, tomando fotografías e interrogando el vigilante para obtener información de los abogados/as de derechos humanos: se verificó que la moto en la que se movilizaban los hombres era de propiedad del Ministerio de Defensa.

Por todo lo anterior, nos gustaría solicitar respetuosamente del Gobierno de la República de Colombia y la Jefatura de Estado que usted ostenta, la consideración de las peticiones detallas a continuación:

  1. Adoptar las medidas necesarias para que cese de forma inmediata toda labor de espionaje y vigilancia ilegal en contra del Colectivo José Alvear Restrepo y el conjunto de personas y organizaciones afectadas;
  2. Reconocer públicamente la labor desarrollada por las personas y colectivos que como los mencionados contribuyen de manera decisiva y en el marco de la legalidad a construir una sociedad más justa y democrática;
  3. Adoptar medidas de prevención y protección efectivas ajustadas a las necesidades de las personas afectadas;
  4. Velar porque se entregue a la justicia y a las autoridades correspondientes toda la información probatoria relevante para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y la respectiva judicialización y sanción, sin que pueda seguir dándose prácticas de encubrimiento, persecución, amenazas y presión contra los miembros del Ejército Nacional que en calidad de testigos directos de los hechos han rendido sus declaraciones ante la justicia.
  5. Impulsar el diseño de una política orientada al desmantelamiento de las estructuras que han dado lugar a los hechos denunciados y ofrezca garantías de no repetición.
  6. Promover espacios de diálogo con los actores de la sociedad civil sobre los límites a la labor de inteligencia en una democracia, la depuración de estos organismos, así como la desclasificación, corrección y entrega de toda información adquirida ilegal o ilegítimamente contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
  7. Abrir el espacio para que el Estado colombiano cuente con una Comisión de expertos y expertas internacionales que puedan colaborar independiente y genuinamente para avanzar en la lucha contra la impunidad fomentando reales garantías de no repetición.

Jens Holm, diputado, Riksdagen, Parlamento Sueco
Håkan Svenneling, diputado, Riksdagen, Parlamento Sueco

[1]      Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 27 de septiembre de 1990. Principio 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas (…)” Principio 17: “Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.”

Vattenfall granskar kolbrutaliteten i Colombia

Jag var idag på Vattenfalls bolagsstämma. Vi riksdagsledamöter har ju möjlighet att delta och ställa frågor på stämman. I fjol på stämman hade jag med mig Maira Mendez från Cesarprovinsen i Colombia. Vattenfall köper betydande mängder kol från områden, från de internationella bolagen Prodeco och Drummond. Mairas pappa var fackföreningsledare på kolfälten. I början av 2000-talet mördades han brutalt av paramilitära grupper. Han är bara en av drygt 3000 fackföreningsaktivister som mördats i Cesarregionen sedan mitten av 1990-talet.

Vattenfall_stämma_2017.JPG

Jag tog upp frågan igen och frågade Vattenfall hur länge till de skulle tillåta att förföljelserna av fackliga aktivister i Colombia skulle få pågå. Det positiva är att Vattenfall nu har agerat. Man har varit på plats i tre veckors tid och håller på att ta fram en rapport om situationen i Cesarregionen och Vattenfalls ansvar. ”Vi vill vara med och påverka. Det är en mycket omfattande process och den kan säkert ge en del av de effekter som du efterfrågar”, lovade Vattenfalls ordförande Lars G Nordström. Jag frågade var smärtgränsen går för Vattenfall. När är det dags att helt och hållet dra sig ur affärerna i Colombia?

”Skulle det här inte förbättras får vi ta ställning till det då”, svarade Magnus Hall, VD Vattenfall, som också berättade att Vattenfalls rapport ska vara klar till i slutet av juli i år. Jag förväntar mig då att den blir helt offentlig. Jag bjöd också in Vattenfall att komma till riksdagen och presentera rapporten.

Vi får se vad det står i rapporten, men det är i alla fall ett stort steg framåt att Vattenfall säger sig gå till botten med frågan. Kanske har våra protester förra året puschat dem åt rätt håll den här gången…

Se mitt inlägg från Vattenfalls stämma här (1,00,25 in i sändningen, min kollega Birger Lahti pratar driftssäkerhet vid 54,00 min och Carl Schlyter (MP) gör ett inlägg efter mig).

Se mer om Colombia, Vattenfall och kolet.

Mogherini, EU, Colombia, klimatflyktingar

Igår träffade jag EUs utrikeschef Federica Mogherini. Vi var några riksdagsledamöter som lyssnade på hennes dragning om EUs uppdaterade utrikesstrategi. Efter det diskuterade vi en del och ställde frågor. Jag tog upp Colombia och frågade vad EU kunde göra för att underlätta fredsprocessen i landet, trots nejet i folkomröstningen förra söndagen. Det var ett ämne som Mogherini uppenbarligen var engagerad i. Hon talade inlevelsefullt om hur EU var redo att rulla ut en mängd olika projekt efter att folkomröstningsresultatet var klart, men efter att nejsidan vann med minsta tänkbara marginal gick luften ur lite grann. Hon berättade att EU trots allt kommer att genomföra flera fredsprojekt i landet och att hon har goda förhoppningar om ett slut på det över 50 år långa inbördeskriget. Nobelpriset till Colombias president Juan Manuel Santos underlättar, menade hon.

Federica Mogherini berättade också att EUs beslut nyligen att ta bort gerillan Farc från terrorlistan var ett sätt för EU att stödja de fredliga krafterna i landet.
”Så länge Farc fortsätter att inte ta till vapen och följa det man kommit överens om i fredsavtalet kommer de fortsätta att inte vara på listan över terroristorganisationer”, berättade hon. Det har hon ju helt rätt i och kanske kan det ses som ett sentida erkännande av att EUs terrorlista ofta motverkar sitt syfte, nämligen att få aktörer att tala med varandra istället för att kriga.

Vi diskuterade också klimatförändringar och risken för att ännu fler personer kommer tvingas på flykt i framtiden. Det finns uppskattningar om att vi i framtiden kan ha flerdubbelt så många flyktingar som idag endast pga det förändrade klimatet. Har EU i sin strategi fullt ut internaliserat klimatproblematiken?, undrade jag. Mogherini menade att den nya utrikesstrategin har mer av en klimatdimension. Jag vet inte om jag håller med om det. Man talar om ”klimatdiplomati” och att en större del av biståndet ska vara miljörelaterat, men inte så mycket mer.

Syrien, Palestina, Turkiet och den rådande flyktingsituationen var andra saker vi diskuterade. Intressant det också.

TTIP, klimat, Colombia

Igår deltog jag i tre viktiga debatter i riksdagens kammare. Alla debatter kan ses via länkarna nedan.

TTIP och miljön
Jag debatterade handels- och investeringsavtalet TTIPs konsekvenser för att bedriva en progressiva miljö- och klimatpolitik med näringsminister Mikael Damberg. Damberg hävdade bl a att rätten att gå före på miljöområdet är inskrivet i WTO. Men hur fungerar det i praktiken? Han tillstod också att försiktighetsprincipen (än så länge) inte är en del av de texter som framförhandlats av EU och USA.

Åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp
Naturvårdsverkets senaste statistik över utsläpp av växthusgaser i Sverige visar att utsläppsminskningstakten i Sverige har klingat av under 2015. Fler åtgärder och styrmedel behövs för att minska utsläppen, var min ingång till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Det här var min sista debatt med Romson som minister.

Vattenfalls köp av kol från Colombia
Jag deltog också i interpellationsdebatten om Vattenfalls inköp av kol från gruvor i Colombia där fackföreningsaktivister mördas av paramilitära grupper. Borde inte näringsminister Mikael Damberg ställa krav på Vattenfall att upphöra med kolinköpen när fackliga och mänskliga rättigheter kränks?

Vattenfall, Colombia, kolet, ansvaret

Idag höll Vattenfall sin årliga bolagsstämma. Som riksdagsledamot har jag möjlighet att vara på plats på stämman och ställa frågor till bolagets ledning. Den möjligheten tog jag och några riksdagskollegor vara på. Min fråga handlade om Vattenfalls globala ansvar, mer precist för det kol som bolaget importerar från gruvbolagen Drummond och Prodeco som har verksamhet i regionen Cesar, norra Colombia. I den regionen har illegala och djupt brutala paramilitära grupper härskat sedan mitten av 1990-talet. Det finns omfattande vittnesmål som talar för att gruvbolagen har finansierat dessa grupper i syfte att rensa ut kritiska fackföreningskämpar, miljöaktivister och människorättsförsvarare. Sedan mitten av 1990-talet har mer än 3000 personer mördats i gruvområdena i Cesar, 55 000 personer har tvingats lämna sina hem och 240 personer saknas fortfarande.

IMG_4499
Maira Mendez Barboza
är dotter till en fackföreningsledare som den 19 februari 2001 mördades i sitt eget hem. Maira var då femton år när det hände. Hon har sedan dess krävt en rättegång mot de som mördade hennes far och upprättelse för alla offer för det paramilitära våldet i Cesar. Hon och andra kräver också att Vattenfall omedelbart ska avbryta sitt samarbete med gruvbolagen Drummond och Prodeco. Maira Mendez var med mig på Vattenfalls stämma. I mitt inlägg på stämman lyfte jag upp frågan om det paramilitära våldet och varför Vattenfall fortsätter att köpa stenkol från dessa företag. Det danska energibolaget Dong Energy har beslutat att avsluta sitt samarbete med bolagen. Man fattade beslutet efter den omfattande kritiken mot bolagen. Borde inte Vattenfall göra detsamma? Har inte Vattenfall ett ansvar för de företag man så intimt samarbetar mer?

Dessvärre svarade Vattenfall (VD Magnus Hall och chefsjurist Anne Gynnerstedt) att man i dagsläget inte har några planer på att sluta köpa kol från Drummond och Prodeco. Man ser dock mycket allvarligt på våldet. Man har en dialog med gruvbolagen, den holländska regeringen och den colombianska regeringen, berättade chefsjuristen Anne Gynnerstedt. Men har man dialog med gruvarbetarfacket? Det fick vi inget svar på. Vattenfall borde göra som Dong Energy och omedelbart stoppa samarbetet med dessa bolag. Man borde be alla drabbade i Cesarregionen om ursäkt och hjälpa dem i sina processer mot gruvbolagen.

Min kollega Birger Lahti ställde också frågor, då om Vattenfalls brunkol och den eventuella försäljningen av de tyska tillgångarna. Vattenfalls VD Magnus Hall berättade att Vattenfall inte hade ställt några krav på de eventuella köparna EPH om att inte öppna några nya dagbrott trots att regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lovat att inga nya dagbrott ska öppnas. Vattenfall har alltså öppnat upp för en affär som strider mot regeringens politik. Borde inte det få näringsminister Mikael Damberg och hela svenska regeringen att dra öronen till sig och stoppa affären?

Miljöpartiets Carl Schlyter var också på plats och ställde bra frågor, bl a om Vattenfalls utsläppsrätter som bolaget vill sälja istället för annullera (det måste vi sätta stopp för).

Se våra frågor och svaren från Vattenfalls ledning. Scrolla fram till 48,00 min då Birger kommer, därefter jag (ca 51,20, samt med en replik på deras svar).

Se också Svts inslag om Vattenfalls kolköp från Colombia.

Övergrepp på MR-försvarare i Colombia

I dessa tider med terrorattentat, krig i Syrien och andra hemskheter är det svårt att se att något positivt händer i världen. Fredsförhandlingarna i Havanna om ett slut på det decennierlånga inbördeskriget i Colombia är dock ett sådant positivt exempel, tycker jag. Idag skulle colombianska regeringen och Farcgerillan ha kommit överens om ett fredsavtal. De gjorde de inte, men de väntas göra det inom kort. Det vore isåfall ett enormt positivt steg framåt och ett slut på det krig som pågått i mer än femtio år.

Här borde Sverige kunna spela en mer aktiv roll. Sverige måste också verka för att människor engagerade i sociala rörelser kan agera fritt utan rädsla för förföljelser. Det är tyvärr inte fallet i dagens Colombia.

Av den anledningen har jag idag skickat följande fråga till utrikesminister Margot Wallström. Se nedan.

Övergrepp på MR-försvarare i Colombia
2016-03-23, skriftlig fråga till Margot Wallström
I dag, den 23 mars 2016, skulle ett fredsavtal ha undertecknats mellan colombianska regeringen och FARC-gerillan. Undertecknandet kommer att ske något senare och förhandlingarna i Havanna, Kuba, fortsätter därför. Jag vill tacka utrikesministern för svar på min tidigare fråga i ärendet (2014/15:93). Sedan dess har fredsförhandlingarna avancerat och det är mycket glädjande att en verklig fredsprocess är inom räckhåll och att det långa inbördeskriget i Colombia äntligen kan få ett slut. Sverige borde i framtiden kunna spela en mer aktiv roll i hur fredsavtalet ska implementeras i Colombia.

Men samtidigt som fredsförhandlingarna i Havanna har gått framåt har dessvärre angreppen på människorättsförsvarare och sociala ledare ökat. Framför allt mot dem som manifesterat sitt stöd för fredsprocessen, krävt återbördande av jord och mot miljöaktivister. I den senaste rapporten från FN:s Högkommissaries kontor för mänskliga rättigheter i Colombia var antalet mord på MR-försvarare under 2015 högre än medelvärdet för de 20 år som kontoret fört denna statistik. Enligt organisationen “Somos Defensores” har, mellan juli 2012 (en månad innan fredssamtalen startade) och december 2015, minst 1 865 angrepp på MR-försvarare registrerats, varav 287 varit mord. Det är mycket oroande att paramilitära grupper fortsätter att hota, förfölja och mörda människor. Det är uppenbart att skyddet av människorättsorganisationernas medlemmar samt sociala ledare i dag är otillräckligt.

Jag förväntar mig att den svenska regeringen trycker på den colombianska regeringen och kräver rättsprocesser mot förövarna av övergreppen, samt ett bättre skydd för Colombias modiga försvarare av de mänskliga rättigheterna. Jag förväntar mig också att utrikesministern, när det är lämpligt, offentligt fördömer det ökande våldet mot Colombias sociala ledare och MR-förkämpar.

Med anledning av att ett fredsavtal är nära förestående och att implementeringen av detta kommer att bli ett omfattande och viktigt arbete i Colombia vill jag fråga utrikesministern följande:

Kommer den svenska regeringen att, inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet med Colombia, konsultera det colombianska civilsamhället för att få veta deras behov och prioriteringar inför fredsavtalets implementering?

Jens Holm (V)

En ovärdig och oacceptabel dom

Vilken ovärdig och oacceptabel dom mot Joaquin Perez Becerra, som häromdagen dömdes för  ”förberedelse till brott/konspiration” och att överlag ha haft samröre med  gerillaorganisationen Farc. Som ni vet vittnade jag för ett par veckor sedan för Joaquins räkning. Uppenbarligen kan man dömas för terrorbrott i Colombia bara för att ha uttryckt vissa åsikter. Jag noterar att Joaquin blev helt friad på den juridiskt sett tyngsta åtalspunkten, nämligen finansiering av terrorism. När det inte bara går att komma med svepande anklagelser som samröre med terrororganisation kunde domstolen inte fälla Joaquin.
Det här är ett sånt uppenbart politiskt rättsfall, initierat av Colombias president Juan Manuel Santos. Santos vill visa att han är framgångsrik i kriget mot terrorismen och håller fram Joaquin som en trofé i det kriget. Osmakligt.
Joaquin har levt och arbetat i nära på 20 år i Sverige. Han har aldrig hamnat i klammeri med rättvisan. Hade Joaquin Perez varit den ökända terrorist den colombianska regeringen nu påstår att han är hade de enkelt kunna begärt att få honom utlämnad eller lagförd i Sverige. Någon sådan begäran har aldrig framställts till den svenska regeringen. Man undrar varför…
Joaquin Perez har varit redaktör för Anncol som upprört den colombianska regeringen till den grad att man bestämt att den ska vara ett mål i kriget mot terrorismen. Den colombianska regeringen har därför uppmanat Sverige att stänga ned Anncol, något som vår regering självklart inte har gjort. Det är inte olagligt att ha en regeringskritisk hemsida i Sverige. Colombia har infört en mängd lagar för att intensifiera kriget mot terrorismen. Detta har backats upp av USA och EU. Nu ser vi vad som händer, enskilda människor drabbas. Oacceptabelt.
Jag hoppas att Joaquin överklagar och att han tillslut kan frias och få komma hem till Sverige. Jag hoppas och förväntar mig också att vår regering agerar.
Läs gärna  Tigran Feilers utmärkta inlägg från Dagens Arena idag.

Till Colombias president

Aktivister ur människorättsorganisationen Credhos förföljs av paramilitärer. INTE OK!
Läs gärna mitt senaste brev till Colombias president, Juan Manuel Santos.

Mi ultima carta al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos: Santos_carta_Credhos2012-06-21

Excmo. Sr. Presidente Santos,

Quisiera compartir con Usted mi preocupación por la nueva amenaza recibida por miembros de la Junta Directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS).

Según comunicados públicos de la misma organización, el pasado 29 de mayo de 2012 Wilfran Cadena Granado, miembro de la junta directiva de la organización, llegó a la sede de CREDHOS en la ciudad de Barrancabermeja donde encontró un sobre en el que había un proyectil de arma de fuego calibre nueve milímetros y un panfleto firmado por el autodenominado “grupo paramilitar los Botalones” en el cual se declaraba objetivo militar a: Wilfran Cadena Granado (vicepresidente de CREDHOS), Abelardo Sánchez Serrano (tesorero de CREDHOS), María Ravelo Grimaldo (fiscal de CREDHOS) y María Calderón Rangel (integrante de CREDHOS). El texto afirmaba que «estos señores que bajo la máscara de defensores de derechos humanos y supuestos líderes sindicales sacan de la ciudad con todas las garantías a delincuentes mafiosos y guerrilleros que han hecho mucho daño en Barrancabermeja, ojala que la plata que se roban les alcance para esconderse hijos de puta».

Los integrantes de CREDHOS han sido víctimas de hostigamientos, amenazas y asesinatos desde su fundación. En los primeros meses del presente año miembros de CREDHOS y de otras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio recibieron varias amenazas de muerte.

En enero de 2012 dos sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta abordaron a Abelardo Sánchez Serrano y uno de ellos desenfundó una pistola y apuntándole indicó que tenía 72 horas para salir de la ciudad al igual que los otros miembros de la corporación, y les instó a que dejaran de hacer denuncias en contra de la Fuerza Pública por violaciones de derechos humanos en la región del Magdalena Medio, afirmando al final que si tenían que darle a todos para que se callaran lo harían.

Me dirijo a Usted para llamar la atención sobre la crítica situación de seguridad en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en el Magdalena Medio y reitero lo expresado por Todd Howland, Representante en Colombia de OACNUDH cuando afirma que «El deber de los Estados de proteger a los defensores y defensoras es un principio fundamental. Esta protección debe ser concebida en un sentido integral, lo cual incluye mucho más que medidas físicas de protección. La protección integral requiere una respuesta coordinada por las diferentes entidades del Estado y que se investiguen las causas de las agresiones, se sancione a los responsables y se implementen las medidas estructurales para enfrentar estos ataques».

Siendo el Estado el responsable de la protección de los derechos humanos y por ende de las personas que se dedican a su defensa reitero la importancia de que:

– Se investiguen los hechos denunciados y las anteriores amenazas con el fin de sancionar a los responsables y garantizar su no repetición.

– Se reevalúen e implementen las medidas de protección necesarias para la protección de la integridad física de los miembros de CREDHOS así como de la sede de la organización, de manera concertada con la organización.  En particular que se reevalúe el nivel de riesgo de Abelardo Sánchez Serrano, calificado recientemente y tras la amenaza directa con arma de fuego arriba mencionada como «ordinario», y se garantice el mantenimiento de su actual esquema de protección.

– Usted, señor Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado respalden públicamente a las organizaciones defensoras de derechos humanos y condenen públicamente este tipo de actuaciones.

– Se tomen todas las medidas necesarias en contra de  las causas estructurales de estas clases de hostigamientos a las personas defensoras de derechos humanos, in primis la impunidad y el desmantelamiento real y eficaz de todas las estructuras paramilitares.

Agradezco de antemano su atención.

Saludos,

 Jens Holm, diputado del parlamento Sueco

Krigspolitiken segrar i Colombia

Tvärt emot de flesta andra länder på kontinenten fortsätter Colombia sin kurs mot höger. Vid gårdagens presidentval vann den f d försvarsministern och nuvarande presidentens, Álvaro Uribe Velez, underhuggare Juan Manuel Santos med 47 procent. Eftersom han inte uppnådde hälften av rösterna blir det en ny valomgång, den 20 juni. Då står det mellan honom och de Grönas kandidat, den tidigare Bogotáborgmästaren (då inte grön) Antanas Mockus.

Svensk rapportering har som vanligt varit knapphändig och bristfällig. Exempelvis har ingen uppmärksamhet getts åt Colombias intressantaste oppositionskraft, Polo Democrático Alternativo. Dess kandidat Gustavo Petro fick 9,16 procent, vilket var bra mycket bättre än vad opinionsundersökningarna visat.

Nu kommer det stå mellan Santos och Mockus, den senare lär knappast ha någon större chans. Santos kommer från en av Colombias rikaste och mäktigaste familjer och är dessutom delägare till landets enda rikstäckande dagstidning, högerinriktade El Tiempo. Med Santos kommer tyvärr Uribes krigspolitik mot Farc och Eln (istället för fredsförhandlingar) fortsätta. Den nyliberala ekonomiska politiken lär ligga fast. Den halvt totalitära uppbyggnaden av statsapparaten, med säkerhetspolisen Das som spjutspets och paramilitärer som kan agera fritt, tycks stå ohotad. Det är mycket illavarslande.

Jag känner med mina colombianska vänner.

Colombianätverket, Magnus Linton

Sätt press på Colombia

Colombianätverket berättar idag att två av deras medlemmar nyligen blev deporterade från Colombia. Personerna ingick i ett utbytesprojekt med den colombianska studentorganisationen ACEU. Det var den colombianska säkerhetspolisen, DAS, som förde bort dem och senare skickade ut dem ur landet. De hade inte gjort något illegalt, men uppenbarligen är studentsolidaritet ett skäl nog för att förfölja och frihetsberöva enskilda.

I Colombia pågår en repression mot civilbefolkningen som inte är tillräckligt uppmärksammad av omvärlden. Landet är det farligaste i världen för fackliga aktivister och man har näst mest internflyktingar i världen, efter Sudan. Oppositionen förtrycks och tusentals aktivister har tvingats i exil (inte minst till Sverige). President Álvaro Uribe Vélez har ett stort ansvar för detta i och med sitt nära samarbete med de paramilitära organisationerna.

Det är hög tid att Sverige och andra sätter press på Colombia. Enskilda, svenska studenter såväl som colombianer ska inte behöva vara rädda för att bli förföljda av säkerhetspolisen. Så är det tyvärr idag. Oacceptabelt!

Se också Colombiauttalande från EU-parlamentet, Hearing med Piedad Córdoba.